Editorial

Hora de cumplir con las leyes educativas

Alieto Aldo Guadagni

En diciembre de 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo que expresaba que el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología establecido hasta 2010, sería destinado a “lograr que, como mínimo, el 30% de los alumnos de educación básica tuvieran acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas” (ley 26.075, artículo 2, inciso b).

Al año siguiente, el 14 de diciembre de 2006, fue sancionada la Ley de Educación Nacional, la cual ratificó expresamente esa meritoria meta en su artículo 26, donde se dispone: “Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa (JEE/JC) con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley”.

Veamos ahora la realidad, a fin de evaluar el grado de cumplimiento de estas importantes normas legales. En 2016,  Estamos lejos de lo establecido legalmente y de lo internacionalmente comprometido ya que en diciembre de 2010, la presidente de la Nación, Cristina Kirchner, suscribió las metas educativas fijadas para el 2021 en la Cumbre de Jefes de Estado de los Países Iberoamericanos realizada en Mar del Plata.

La meta cuantitativa acordada para la JEE fue la siguiente: “En el 2021, entre el 20% y el 50% de las escuelas públicas primarias tendrá jornada completa”.

Lamentablemente, la realidad presente es otra, ya que el Ministerio de Educación informa en su Anuario Estadístico Educativo de 2016 que, en las escuelas primarias estatales, apenas el 14,4 % de los niños gozaba de los beneficios de la JEE/JC. Como se observa, estamos muy lejos del cumplimiento de todos estos acuerdos y leyes, escaso cumplimiento que además muestra mucha disparidad si se observa lo ocurrido en cada provincia, ya que Tierra del Fuego, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrojan cifras de cumplimiento entre el 47% y el 63 %, en tanto que en Neuquén, San Luis, Corrientes y Buenos Aires, sólo entre el 2% y el 7% de sus alumnos primarios concurrían a escuelas estatales con régimen de JEE o JC.

En CABA el 47 % de los alumnos tiene JEE, pero si se cruza la General Paz, encontramos en el Conurbano una situación crítica, ya que apenas 5,7% de los niños tienen este beneficio. Es decir, apenas la octava parte que en  CABA. Estamos en presencia de una situación preocupante en el Conurbano, donde reside el núcleo concentrado de la pobreza y la exclusión social de nuestro país.

Por otra parte, es lógico suponer que se requiera de una mayor dotación docente en aquellos distritos donde se ha logrado cumplimentar con las leyes que promueven la universalización del régimen de JEE/JC a los alumnos argentinos. Pero también en esto aparecen cifras muy dispares entre las provincias, como se indica a continuación: (i) La Ciudad de Buenos Aires y Río Negro tienen ambas ocho alumnos por cada cargo docente, pero en CABA el 47% de los alumnos primarios estatales accedió a JEE o JC, en tanto que en Río Negro lo hizo apenas el 24%.

Algo similar ocurre cuando se compara Tierra del Fuego, donde hay 10 alumnos por cargo docente, para cubrir un 63% de alumnado en JEE/JC, en tanto que en Neuquén, donde también hay 10 cargos docentes por alumno, apenas un 2% de los estudiantes primarios estatales gozan de esta escolaridad.

Córdoba tiene 10 alumnos por cada cargo docente, al igual que Misiones, pero la cobertura del régimen de JEE/JC es del 49% en la provincia de la zona central del país, casi 5 veces más que en la provincia del noroeste, donde el acceso a dicho beneficio alcanza apenas al 11% del alumnado primario estatal.

Como se observa, la mayor dotación de cargos docentes en proporción al alumnado no siempre está asociada con una mayor cantidad de niños beneficiados por la JEE o JC. Tenemos buenas intenciones, sancionamos leyes y comprometemos el cumplimiento de metas educativas con la esperanza de que nuestros niños reciban más y mejor educación.

Pero lo cierto es que ni podemos siquiera cumplir el calendario escolar legal, con los mínimos 180 días de clases que dice la ley y como hemos visto, estamos muy lejos de cumplir con la meta fijada para la universalización de la extensión de jornada escolar.

El pobre desempeño de nuestro país en todas las pruebas internacionales que miden la calidad educativa de la población estudiantil es coherente con la educación que reciben los niños argentinos.

Tenemos una gran deuda hacia esos niños. Los estamos alejando de las posibilidades, los estamos aislando de un mundo nuevo que requiere más capacidades intelectuales cada vez más sofisticadas, capaces de innovar, de crear; de un mundo donde el bien más valioso es un intangible: el capital humano acumulado por la educación. Las leyes educativas son bien claras y no dejan lugar a dudas. Es hora de entender que incumplirlas consolida la ignorancia y es un pasaporte a la pobreza y la exclusión social.

Alieto Aldo Guadagni y Gisela Lima pertenecen a la Academia Nacional de Educación y a la Universidad de Belgrano

 

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